Doce ciclistas colombianos fueron elegidos para competir en 2026 con la Gobernación del Putumayo-Bicicletas Strongman, un proyecto que prometía salarios y calendario nacional, pero que terminó sin cumplir los pagos pactados, según los testimonios recogidos por La Patria. La Gobernación del Putumayo sostiene una versión diferente: afirma que el presupuesto fue apropiado, pero que nunca se ejecutó porque el proyecto no llegó a consolidarse.
El caso expone una de las dificultades más repetidas del ciclismo nacional: corredores que aceptan una temporada con base en promesas de financiación y terminan afrontando carreras, viajes o entrenamientos sin la seguridad económica anunciada. En este caso, además, la disputa involucra a una administración departamental y a una empresa privada vinculada al proyecto.
Un equipo construido con una promesa de 1.300 millones
La idea de la escuadra surgió de conversaciones entre José Basilio Aristizábal, empresario de Strongman, y Jhon Gabriel Molina Acosta, gobernador del Putumayo, de acuerdo con la reconstrucción de La Patria. Luis Fernando Otálvaro, conocido como Lufo, fue designado como director deportivo y se encargó de organizar la plantilla y la operación.
La nómina incluyó a Dídier Chaparro, Daniel Hoyos, Jordan Tabares, Leison Maca, Dany Osorio, Dubian Galvis, Jhónatan Sánchez, Bernardo Bermeo, Diego Benavides, Sergio Osorio, Camilo Castañeda y Camilo Novoa. Había corredores de Caldas, Cauca, Antioquia, Boyacá y Putumayo, con una mezcla de experiencia y juventud.
Según las partes citadas por el medio caldense, el proyecto fue calculado en 1.300 millones de pesos: 1.000 millones corresponderían a la Gobernación y 300 millones serían aportados por Aristizábal y su marca. Para uno de los corredores de Caldas, la propuesta significaba ganar aproximadamente el doble del salario que había recibido en 2025.
La temporada comenzó, pero los recursos no llegaron
El equipo alcanzó a planear su participación en el Campeonato Nacional, la Vuelta al Tolima, la Vuelta al Putumayo y la Vuelta a Colombia. Como el dinero oficial no aparecía, el empresario de Strongman asumió inicialmente algunos gastos. Lufo también relató que tuvo que endeudarse para ayudar a llevar la escuadra a una competencia que luego fue suspendida durante su desarrollo por el terremoto del 10 de agosto.
La gestión administrativa se trasladó a Mocoa. De acuerdo con el testimonio del director deportivo, durante semanas aparecieron nuevos requisitos para completar la documentación. En junio se constituyó el club Jaguar Road y se abrió una cuenta bancaria con la expectativa de recibir el desembolso y comenzar los pagos. Sin embargo, el dinero no llegó, según la versión de los integrantes del proyecto.
La versión de la Gobernación del Putumayo
El gobernador Jhon Gabriel Molina respondió a las preguntas de La Patria y negó que la administración hubiera contratado a los corredores. Su explicación es que existió una propuesta, pero que no se consolidó y que la Gobernación solo tenía un corredor del departamento, mientras que la iniciativa incluía deportistas de otras regiones.
Molina también afirmó que el presupuesto fue asignado y apropiado, pero que no se ejecutó un solo peso porque no se concretó la contratación. Esa declaración contradice la expectativa con la que los corredores aceptaron el proyecto y es el centro de la disputa: para los deportistas hubo un compromiso económico; para la administración, una propuesta que nunca se convirtió en un equipo oficial contratado.
La Federación Colombiana de Ciclismo, citada en la misma información, recordó que los equipos son independientes en materia económica y administrativa. Su papel, según la explicación publicada, es vigilar el cumplimiento de los reglamentos federativos. También se indicó que, si existen contratos firmados, los corredores pueden exigirlos ante la persona o entidad que los suscribió.
Doce carreras interrumpidas por una promesa incumplida
El efecto deportivo fue inmediato. Algunos ciclistas tuvieron que buscar otras marcas para continuar la temporada, aunque en condiciones económicas inferiores a las que habían pactado al comienzo del año. Otros quedaron sin calendario estable y con deudas relacionadas con preparación, traslados y participación en carreras.
El proyecto tampoco apareció en la salida del Clásico RCN, una de las competencias más importantes del calendario colombiano. La situación vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de que los corredores conozcan con claridad quién firma sus contratos, de dónde sale el presupuesto y qué entidad responde si el patrocinio público o privado no se materializa.
El episodio puede leerse dentro del problema más amplio de la financiación del ciclismo nacional. La falta de continuidad ya ha provocado debates sobre el futuro de otros proyectos, como el equipo Colombia Potencia de la Vida, mientras la Vuelta a Colombia 2026 sigue mostrando la cantidad de equipos que dependen de presupuestos regionales y patrocinios que pueden cambiar durante la temporada.
La historia de Putumayo-Strongman no queda cerrada con una sola versión. Los ciclistas reclaman los pagos que aseguran haber pactado; la Gobernación sostiene que no hubo contratación ni ejecución presupuestal. La diferencia deberá resolverse con los documentos, los contratos y las obligaciones que cada parte pueda demostrar.
La información completa, los testimonios y la respuesta del gobernador fueron publicados por La Patria. ProCyclingStats registra al equipo Gobernación del Putumayo-Bic-Strongman como una escuadra nacional de 2026.
